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El Supremo rechaza el derecho a objetar contra Educación para la Ciudadanía

Los presentes recursos versan sobre si los demandantes tienen o no derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y, por consiguiente, si sus hijos pueden quedar eximidos de cursarla.

El Alto Tribunal recuerda que la actividad del Estado en materia educativa es obligada y deriva de la clara vinculación existente entre enseñanza y democracia, tanto en la enseñanza pública como en la privada, y que es claro que la actividad educativa no puede desentenderse de transmitir los valores morales que subyacen en los derechos fundamentales.

Además, la actividad educativa, cuando está referida a los valores éticos comunes, no sólo comprende su difusión y transmisión, también hace lícito fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica.

Continúa exponiendo que la idea básica de quienes sostienen la postura de su derecho a la objeción a esta asignatura ajustada a derecho es que la libertad religiosa e ideológica garantiza no sólo el derecho a tener o no tener las creencias que cada uno estime convenientes, sino también el derecho a comportarse en todas las circunstancias de la vida con arreglo a las propias creencias. Recuerda en este punto, que el constituyente nunca pensó que las personas puedan comportarse siempre según sus propias creencias, sino que tal posibilidad termina, cuanto menos, allí donde comienza el orden público.

Concluye el Supremo que autorizar exenciones individuales de dicha materia sería tanto como poner en tela de juicio esa ciudadanía para la que se aspira educar. En un Estado democrático de derecho, el estatuto de los ciudadanos es el mismo para todos, cualesquiera que sean sus creencias religiosas y morales, y en la medida que esas creencias sean respetadas no hay serias razones constitucionales para oponerse a la existencia de una materia obligatoria cuya finalidad es formar en los rudimentos de dicha ciudadanía, incluido el reconocimiento del propio derecho a la libertad ideológica y religiosa.