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Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de abril de 2009

Se condena a España por no aplicar una Directiva en materia de comercio desleal

La Comisión de las Comunidades Europeas interpuso recurso contra el Reino de España por incumplir la obligación de aplicar el contenido de la Directiva 2005/29/CE, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

Se ponía de manifiesto la inaplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

La Comisión emitió un dictamen motivado, instando con ello a España a adoptar las medidas necesarias para atenerse al mismo.

En respuesta a este dictamen España remitió un escrito de contestación en el que manifestó que la adaptación de nuestro Derecho a esta normativa comunitaria estaba en curso y para demostrar que su conducta no se debió a una falta de diligencia se ampara en la complejidad de la Directiva fiel reflejo de lo cual era que para llevar a cabo esta aplicación era imprescindible modificar un gran número de leyes nacionales. Además sostiene en su escrito que la normativa nacional existente no contradice la cita norma comunitaria de lo cual se deduce que su tardanza en la aplicación no se debió a un desacuerdo con el contenido sino a dificultades en el proceso de adaptación con la normativa nacional.

El escrito de contestación remitido a la Comisión, a juicio de este Tribunal, no contienen ningún elemento que sustente la tesis de que se esté haciendo todo lo necesario para aplicar la normativa europea que prohíbe las prácticas comerciales desleales, además de quedar claro que no se realizó en la plazo fijado para ello en el dictamen de la Comisión.

El TJCE condena a España por no aplicar la citada Directiva en tiempo y forma.

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)

de 23 de abril de 2009 (*)

"Incumplimiento de Estado Directiva 2005/29/CE Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado"

En el asunto C

que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 15 de julio de 2008,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. W. Wils y la Sra. E. Adsera Ribera, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Reino de España, representado por la Sra. B. Plaza Cruz, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. E. Juhász (Ponente) y G. Arestis, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1. Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo ("Directiva sobre las prácticas comerciales desleales") (DO L 149, p. 22; en lo sucesivo, "Directiva"), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no haberle comunicado estas disposiciones.

2. El artículo 19, párrafo primero, de la Directiva dispone que los Estados miembros debían adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva a más tardar el 12 de junio de 2007, e informar inmediatamente de ello a la Comisión.

3. Al no haber recibido ninguna información que le permitiera considerar que el Reino de España había adoptado las disposiciones necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Directiva, la Comisión incoó el procedimiento por incumplimiento previsto en el artículo 226 CE.

4. Tras haber requerido al Reino de España para que presentara sus observaciones mediante escrito de 2 de agosto de 2007 y al considerar que la respuesta de las autoridades españolas a dicho escrito no era satisfactoria, el 1 de febrero de 2008 la Comisión emitió un dictamen motivado, instando a dicho Estado miembro a adoptar las medidas necesarias para atenerse al mismo en un plazo de dos meses desde la recepción de dicho dictamen.

5. El 31 de marzo de 2008, el Reino de España respondió al referido dictamen motivado, indicando que el procedimiento legislativo conducente a la adaptación del Derecho interno a la Directiva estaba en curso. Reconocía que no había respetado sus obligaciones en materia de adaptación del Derecho interno, pero, para demostrar que no se debía a una falta de diligencia por su parte, invocaba la complejidad de la Directiva y la de la distribución de competencias entre las entidades que configuran el Estado español, así como la necesidad, por un lado, de llevar a cabo esta adaptación mediante una norma con rango de ley y, por otro lado, de modificar un gran número de leyes nacionales.

6. Al no haber obtenido más información por parte del Reino de España que le permitiera considerar que se habían adoptado las medidas necesarias para adaptar el Derecho interno a la Directiva, la Comisión interpuso el presente recurso.

7. Aunque el Reino de España sostiene en su escrito de contestación que la normativa nacional existente no contradice la Directiva, no es menos cierto que los escritos remitidos por dicho Estado miembro al Tribunal de Justicia no contienen ningún elemento que pueda sustentar la tesis de que esta normativa puede constituir una adaptación correcta y total del Derecho interno a la Directiva y, además, que éste reconoce expresamente que tal adaptación no se llevó a cabo en el plazo fijado.

8. Por otro lado, el Reino de España alega que el retraso con el que se producirá la adaptación se debe en esencia a la celebración de elecciones en España y al gran número de leyes que deberán modificarse debido a esta adaptación.

9. A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos en una directiva (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2002, Comisión/Francia, CRec. p. I5463, apartado 13, y de 28 de junio de 2007, Comisión/España, CRec. p. Iapartado 55).

10. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado repetidamente que la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al finalizar el plazo fijado en el dictamen motivado (sentencias del Tribunal de Justicia de 30 de enero de 2002, Comisión/Grecia, CRec. p. Iapartado 23, y de 17 de enero de 2008, Comisión/Alemania, C152/05, Rec. p. Iapartado 15).

11. Pues bien, consta que, al final del plazo fijado en el dictamen motivado, no se habían adoptado las medidas necesarias para garantizar la adaptación del ordenamiento jurídico nacional a la Directiva.

12. En estas circunstancias, es preciso considerar que el recurso interpuesto por la Comisión es fundado.

13. Por consiguiente, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva, al no haber adoptado en el plazo fijado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

Costas

14. En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas al Reino de España y haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) decide:

1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo ("Directiva sobre las prácticas comerciales desleales"), al no haber adoptado en el plazo fijado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de España.